La compañía minera Fortuna Silver Mines Inc. ha tratado, a través de dos de sus operadores, entablar un diálogo con el grupo que tomó las instalaciones de la mina de San José del Progreso, hace un poco más de 50 días, mas la respuesta del grupo ha sido siempre: “queremos que se vayan”.

Manuel Ruiz Conejo, vicepresidente de desarrollo de negocios de la firma canadiense, afirma: “Hemos dejado el asunto en manos de las autoridades, hemos procedido como lo marca la ley. En ningún momento quisimos que hubiera violencia ni agitación social, sino hemos apostado por el diálogo, pero no ha habido respuesta de la otra parte”.

El ejecutivo aclara que aun cuando desconoce la magnitud del problema y la forma en que las autoridades han procedido para solucionarlo, la compañía minera no tiene ninguna intención de llegar a un conflicto social o violento que los confronte con la comunidad de San José del Progreso, sino más bien apuestan por crear una mesa de diálogo para conocer a quienes integran al grupo opositor y cuáles son sus exigencias, lo cual hasta ahora la compañía dice desconocer.

“Hemos dejado a las autoridades proceder según su criterio; nosotros hemos hecho lo pertinente en materia de permisos y estudios; hemos querido establecer el diálogo con las autoridades, sin embargo el gobierno ha procedido con sus métodos, por lo que nosotros nos hemos limitado a cumplir con lo que establecen las leyes mexicanas”, aseguró el representante de la minera.

El vicepresidente explicó que debido a experiencias adquiridas en el trabajo en otros países, la compañía tiene como política el desarrollo sustentable y ayudar a los pueblos en los que tiene proyectos de exploración o explotación de recursos, por lo que lo menos que deseaba la compañía era generar un conflicto social.

También detalló que el problema de la retribución que recibe la población a partir de la explotación de los recursos minerales de la mina, no es de la compañía, sino de ambigüedades en la ley mexicana, puesto que en otros países donde la compañía opera, un porcentaje sobre el impuesto sobre la renta -que es de donde los gobiernos toman parte de las utilidades del recurso, en México es de 40 por ciento- es destinado para el desarrollo de proyectos dentro de la comunidad, “en Chile es del 20 por ciento, caso parecido en Perú”, sin embargo en México no se contempla que un porcentaje de lo que recibe la federación vaya a parar de forma directa en los pueblos que son sede de instalaciones mineras.

“En otros países como Perú y Chile, la minería ha permitido que los pueblos se desarrollen y que ingresen a un nuevo progreso económico, sin embargo en México la ley no especifica que las comunidades reciban parte de los beneficios ni se desarrollen proyectos a favor a las comunidades”, aseveró.

No obstante, debido a las experiencias adquiridas, afirmó que la compañía canadiense tiene como política establecer proyectos de desarrollo para las comunidades, tales como drenaje, agua potable, apoyo a actividades productivas o construcción de aulas o espacios educativos, que ayuden al desarrollo de la región.

“Estos proyectos los desarrollamos no porque nos obligue el estado mexicano que no tiene contemplada una legislación para esto, sino que la compañía actúa bajo las normas canadienses, que son más estrictas, es por eso que tenemos como prioridad el saneamiento de la región y que la mina no produzca mayor impacto ecológico en el lugar”, especificó.

También el directivo de la empresa mostró un proyecto por el cual se delimita el impacto ecológico que tiene el proyecto en la comunidad, el cual ha sido revisado por instancias federales tales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) así como por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en el cual la compañía se compromete a dejar saneado el equilibrio ecológico una vez terminada la exploración de la mina.

Mal manejo de la información

El vicepresidente de la minera canadiense dijo desconocer el conflicto político que vive San José del Progreso, donde a su parecer hay dos facciones enfrentadas por la construcción de la mina, sin embargo considera que no ha habido un buen manejo de la información por lo que la gente del pueblo no está bien enterada del manejo que la mina hará del recurso, y de ahí se ha desatado el conflicto.

También aclaró que la propiedad de los terrenos no es de la minera, sino de propietarios quienes usufructúan a la minera, bajo contratos, la explotación del área.
“Todo este trámite se hizo bajo al supervisión de autoridades agrarias las cuales avalaron la propiedad de la tierra y su trámite, por lo que no estamos ocupando terreno ejidal o comunal”, aclaró, y afirmó que lo que está debajo de la tierra son concesiones que otorga el gobierno federal por lo que tenemos todas las autorizaciones de Semarnat en regla.

A su vez confirmó que la minera se encuentra ahora en el proceso de ingeniería e investigación luego de concluir una etapa de investigación, por lo que no han sacado material de la mina, sino que apenas delimitaron la magnitud del manto el cual, estiman es en su mayoría de plata.

Por este motivo actualmente sólo laboran 39 personas de la empresa a las que se tiene bajo nómina aún con el conflicto, y agregó que la empresa tiene contemplado crear más puestos de trabajo hasta llegar a 300 cuando se encuentre operando.
Por otro lado, aseguró que no se utilizarán materiales de alto impacto como el cianuro debido a que no se procesarán los metales obtenidos en el lugar, sino en una empresa mexicana “Industrias Peñoles”, por lo que no se dañará con productos químicos la tierra.