El periodista Miguel Ángel Granados Chapa alertó ayer aquí sobre nuevos brotes de ataques violentos por parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ante la negligencia del gobierno mexicano para dar una explicación sobre la presunta desaparición de dos de sus miembros.

Durante su participación en la conferencia sobre “desaparición Forzada de personas: caso EPR”, el autor de la columna diaria Plaza Pública –que se publica en EL IMPARCIAL- señaló que la negligencia de las autoridades, al retrasar una investigación por dos años, demuestra que hay un motivo político detrás del caso, puesto que aun siendo una desaparición común, no efectuada por miembros del gobierno, ya debería haber resultados desde el punto de vista jurídico.

Destacó que el difunto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, nunca se reunió con la Comisión de Mediación que el EPR había escogido para dialogar con el gobierno, y su sucesor, Fernando Gómez Mont, sólo lo hizo por cinco minutos en febrero pasado, por lo que ante la negativa del gobierno y a la falta de voluntad política para dar una resolución a la desaparición de los dos miembros del grupo armado, éste decidió desarticular la comisión de mediación -de la que él formaba parte- por lo que la tregua pactada por el grupo puede ser cancelada, “lo que podría implicar nuevos atentados”.

Granados Chapa, quien en octubre del año pasado obtuvo la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, resaltó que con el cambio de subsecretarios, de Abraham González a Jerónimo Gutiérrez, la Segob alegó que no encontraban los documentos con los que se daba seguimiento a la averiguación.

El maestro en periodismo descartó que la falta de voluntad para resolver la desaparición de los dos miembros del EPR se deba a que se atraviesa un tiempo electoral, ya que, en su opinión, resolver este tipo de conflictos de cara a la sociedad favorecería la imagen del Partido Acción Nacional en vez de afectarla.

El reconocido académico ahondó sobre otros casos de desapariciones no resueltos, como el de miembros del sindicato petrolero en Nuevo León, así como el de defensores de derechos humanos en Guerrero, sobre los cuales habló posteriormente a detalle en la conferencia.